Cuautla Mor. (13 de noviembre) Durante la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada este jueves por el presidente municipal Salvador Molina Martínez, la administración local enfrentó una jornada marcada por el reconocimiento de una deuda millonaria, fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y reclamos de transparencia por parte de los integrantes del cuerpo edilicio.
El momento más delicado de la sesión ocurrió cuando el alcalde reconoció que el municipio arrastra una deuda que asciende a 58 millones de pesos, originada por un préstamo solicitado en el periodo 2009-2012 para financiar la primera etapa de la avenida Reforma. Molina Martínez detalló que 31 millones corresponden al adeudo principal y el resto a intereses, catalogando la situación como un compromiso prácticamente impagable para las finanzas actuales. Esta carga financiera, aunada a un requerimiento del Juzgado Séptimo de Distrito en Morelos derivado de un juicio de amparo promovido por la empresa Torresa Construcciones, obligó a retirar temporalmente del orden del día la discusión del presupuesto de egresos y los programas presupuestarios de 2027 para realizar los reajustes necesarios. Ante este panorama, el edil manifestó su disposición a que su gestión sea auditada, pero exigió que también se investigue a los gobiernos anteriores.
En consonancia con las demandas de claridad financiera, la regidora Anita Marysol Ludmilla Sánchez Guerra exigió una revisión a fondo de las administraciones comprendidas entre 2000 y 2026, poniendo especial énfasis en el periodo 2016-2018 por un endeudamiento superior a los 500 millones de pesos. Asimismo, solicitó transparentar toda la documentación técnica y administrativa de la obra de avenida Reforma y propuso la comparecencia del secretario de Seguridad Pública y del tesorero municipal para aclarar dudas sobre la operación de la corporación y el estado de las finanzas. Aunque dicha propuesta fue rechazada por mayoría, la síndica municipal Nancy Echeverría Guerrero respaldó la necesidad de establecer mesas de trabajo con ambos funcionarios debido a la falta de respuestas institucionales.
Hacia el final de la sesión, los regidores abordaron diversas quejas ciudadanas relacionadas con la recaudación y los servicios. La regidora Anita Sánchez cuestionó la restricción de cobrar el impuesto predial exclusivamente en efectivo y pidió revisar los criterios económicos que limitan los descuentos a adultos mayores y personas con discapacidad.
Por su parte, la regidora Araceli Xixitla Zapotitla solicitó la instalación de tabuladores visibles con los costos de infracciones de tránsito y una revisión en los descuentos aplicados por Catastro y Predial, dejando en evidencia la urgencia de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el municipio.