*La indiciada esta ya en libertad
Por Carlos Quintero El Guardián
CUAUTLA, MOR.- (21 de julio) Un operativo en el que autoridades reportaron el aseguramiento de armas, cartuchos y miles de pesos terminó con la libertad inmediata de la persona detenida, luego de que la Fiscalía no logró demostrar que el cateo cumpliera las formalidades exigidas por la ley.
El juez especializado de Control Edgar Díaz Martínez declaró ilegal la detención de Laura B. A. durante una audiencia celebrada este lunes 20 de julio en la Ciudad Judicial de Cuautla.
La resolución no determinó si la mujer era o no responsable de algún delito. El juzgador concluyó que los objetos reportados durante el cateo no podían sustentar la detención porque la representación social no acreditó debidamente la legalidad de la diligencia.
De acuerdo con la exposición ministerial, el cateo fue ejecutado el 17 de julio en un inmueble de Jantetelco como parte de una investigación por delitos contra la salud.
Aunque la orden tenía como propósito localizar narcóticos, teléfonos y otros objetos relacionados con esa investigación, los agentes reportaron el hallazgo de varias armas largas y cortas, cargadores, cartuchos y dinero en efectivo.
La Fiscalía afirmó que Laura Bautista Antonio se identificó como propietaria del inmueble y que algunas armas fueron encontradas en espacios que ella habría reconocido como propios. Al no presentar permisos, fue detenida bajo la hipótesis de flagrancia.
Pero durante la audiencia, la defensa exhibió inconsistencias que la Fiscalía no pudo aclarar.
La defensa también señaló que en los antecedentes de investigación entregados no aparecían las cadenas de custodia correspondientes a los once indicios reportados.
A ello se sumó una diferencia en el dinero asegurado: mientras el Informe Policial Homologado registró 484 mil 450 pesos, la defensa hizo referencia a otro conteo por aproximadamente 366 mil 580 pesos.
La discrepancia tampoco fue explicada durante la audiencia.
El juez concluyó que esas deficiencias impedían otorgar valor probatorio a lo encontrado y, en consecuencia, declaró ilegal la detención.
Posteriormente ordenó la libertad inmediata de Laura B. A. y el envío del oficio correspondiente al Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya.
La resolución puede ser apelada.
El caso deja una pregunta que la Fiscalía deberá responder: ¿cómo un operativo en el que participaron agentes ministeriales, personal pericial y elementos militares terminó sin certeza jurídica sobre sus testigos, sus cadenas de custodia y hasta la cantidad exacta de dinero asegurado?
Porque en el sistema penal no basta con encontrar. La autoridad también tiene que demostrar que actuó conforme a la ley.
