Cuernavaca, Mor. (29 de abril). – Tras tres meses de trabajo sin avances, organizaciones civiles rompieron el diálogo con el Gobierno de Morelos ante la falta de voluntad para frenar los cobros excesivos en arrastre de grúas y corralones.
Integrantes de la sociedad civil señalaron que persiste el abuso en corralones debido a la inexistencia de un tabulador estatal que regule los costos por resguardo de vehículos, incluidos los robados recuperados.
Recordaron que la iniciativa contra la “doble victimización”, presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado en noviembre pasado. Tras el proceso legislativo, la reforma se publicó como Decreto 1004 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el 3 de febrero de este año.
Aunque se acordaron mesas de trabajo con el Ejecutivo para modificar la ley y garantizar beneficios reales, después de siete reuniones sin resultados ni seriedad, el sector decidió levantarse de la mesa, ya que la actual propuesta de ley que pretende aprobar el Ejecutivo no propone ningún capítulo que contemple los derechos de los usuarios, sólo se limita a beneficiar a los concesionarios de grúas y corralones.
Advirtieron que tomarán acciones más drásticas para exigir que el Ejecutivo respete los compromisos asumidos.
