*Corrupción y conflicto de interés en Talleres Gráficos de México pone en riesgo las elecciones 2024.
*Maribel Aguilera Chairez presiona a OPLES para que contraten a Talleres.
Ciudad de México, 14 de marzo de 2024.- Una investigación realizada desde por el grupo Vigilante Electoral, puso al descubierto la red de intereses económicos y políticos que rodean a Maribel Aguilera Chairez, directora general de Talleres Gráficos de México (TGM), organismo perteneciente a la Secretaría de Gobernación.
Vigilante Electoral es un grupo de periodistas, investigadores y ciudadanos preocupados por la transparencia de todos los procesos que confluyen en la elección 2024, la más grande de la historia de nuestro país.
A partir del análisis de diversos contratos, convenios y documentos, Vigilante Electoral ha descubierto que, la dirección general de Talleres Gráficos de México se ha involucrado en forma ilegal para presionar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), a que contraten a un grupo de empresas afines a los intereses de su directora para la elaboración de toda la papelería y materiales electorales, incluyendo las boletas que se utilizarán en la elección de 2024.
Tradicionalmente, en el caso de los procesos electorales estatales, las boletas para los comicios locales se imprimían con proveedores locales seleccionados por los OPLES del país.
Pero ahora, Maribel Aguilera Chairez ha presionado a los funcionarios electorales estatales para que entreguen la producción de las boletas electorales a ese organismo público, aduciendo que cuenta con toda la capacidad técnica, operativa y de infraestructura para hacerlo.
A la fecha, Maribel Aguilera Chairez lleva firmados compromisos por un total de 430 millones de boletas, con lo que tiene en sus manos concentrado el 81.13 por ciento de la producción de la documentación electoral. Para lograrlo, TGM necesitaría 58 días para producir esa cantidad de boletas, en la única instalación que tiene TGM en la calle Canal del Norte de la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta que la ley marca que todas las boletas deben estar en poder de los Consejos Distritales de todo el país, a más tardar el próximo 18 de mayo, es decir 15 días antes de la jornada electoral.
Esta entidad, de la Secretaría de Gobernación, se verá obligada a subcontratar a empresas afines a sus intereses aunque, para ello, tenga que torcer la ley de adquisiciones para poder dirigir estos procesos en los estados hacia la empresa Gráficas Corona JE S.A. de C.V., de Juan Sebastián Estrada Hernández, con la cual pareciera tener acuerdos previos, a través de su esposo Antonio Meza Estrada, para que todo se produzca, supuestamente, en las propias instalaciones de Talleres Gráficos de México.
Al no tener la capacidad técnica y humana, TGM recurre a 4 empresas, vecinas por cierto de su “supuesta” planta en Iztapalapa, para maquilar gran parte de la producción de boletas y materiales electorales de los OPLES, subrogando hasta el 100% de dichos contratos, violando la Ley de Adquisiciones y sus POBALINES, ya que sólo se les permiten subrogar contratos hasta el 49%.
Llama la atención que las supuestas instalaciones que TGM tiene en Iztapalapa, en donde se invita a los consejeros de los OPLES para hacerles recorridos, no cuenta con la maquinaria para producir el material electoral. además, dicha instalación no aparece reportada en el inventario de bienes inmuebles de TGM, ni en su proyecto de adquisiciones 2023. además de la sospechosa vecindad con el grupo impresor favorito.
A todo ello habría que agregar la elaboración del material electoral, como urnas, mamparas, casillas, crayones, etc., que TGM se ha comprometido a elaborar con más de 10 Institutos Electorales Estatales del país. Se trata de un trabajo adicional que, por cierto, Talleres jamás ha realizado, pero que la ambición de la señora Aguilera Chairez la ha llevado a comprometerse a producir 510 mil urnas, 170 mil portafolios de seguridad, además de miles de mamparas, crayones y tintas indelebles para poder cubrir las 170 mil casillas previstas para la elección federal.
Hay OPLES que tienen demandado a TGM por incumplimiento en lo acordado. Derivado de sus propias limitaciones, Talleres Gráficos, de manera permanente, ha presentado múltiples inconsistencias, errores, carencias y deficiencias en la prestación de sus servicios electorales y en otros campos, lo cual ha provocado una diversidad de problemas, no solo para las autoridades electorales locales, sino para el propio INE, generando desconfianza en la labor de las autoridades electorales, impugnaciones, reclamos de partidos políticos y del propio electorado.
El caso más reciente donde se encendieron las alarmas, se dio en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde volvieron a aflorar las dudas sobre si TGM cumplirá, en tiempo y forma, con el convenio firmado con la máxima autoridad electoral mexiquense.
Esto quedó de manifiesto, el pasado 8 de marzo, en una sesión extraordinaria del Consejo General del IEEM, que analizó la aprobación del Manual de Supervisión Electoral, donde algunos consejeros y representantes de los partidos políticos, pusieron sobre la mesa sus inquietudes en torno a la capacidad de TGM para cumplir con lo pactado. Y la preocupación crece porque no se tiene un Plan B para enfrentar el incumplimiento de Talleres Gráficos, además del retraso de 3 meses que esta entidad tiene en la entrega de la documentación electoral.
En este punto demos un vistazo a la trayectoria de Maribel Aguilera Chairez, actual directora de TGM. Ella comenzó su carrera bajo las siglas del PRI de la mano de su primer esposo Javier Mier Mier, quien fuera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, el estado donde nació Aguilera Chairez. Desde ahí, ella comenzó a tejer relaciones de amistad, política y negocios con funcionarios electorales de otros estados con los que mantiene contacto y, a quienes incluso, ha utilizado para tratar de convencer a los presidentes de los OPLES de que contraten a TGM, vía adjudicaciones directas.
Después conoció a Antonio Meza Estrada, cuando éste era director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en el actual gobierno y quien la impulsó para que llegara a convertirse en diputada federal por MORENA en la pasada legislatura. Ella logró la reelección, pero solicitó licencia para irse a la dirección general de Talleres Gráficos de México. Aquí vale la pena recordar que Antonio Meza Estrada, quien fuera secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, y titular de la Conaliteg en ese sexenio, había salido del cargo en aquel momento en medio de un escándalo de corrupción en la asignación de contratos para la impresión de libros de texto.
Ya en el gobierno de la 4T, paradójicamente, Antonio Meza Estrada vuelve a la dirección general de la Conaliteg, apoyado por Esteban Moctezuma Barragán. Entonces, un reportaje de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, publicado el 4 de noviembre de 2020, reveló que la Conaliteg dio 463 millones de pesos en 13 contratos públicos a dos empresas cuyos accionistas fueron parte de una asociación civil junto con el propio Antonio Meza Estrada.
Además, a Meza Estrada se le señaló también por otorgarle contratos millonarios a Juan Sebastián Estrada Hernández, de quien se dice es su sobrino y dueño de la imprenta Gráficas Corona JE, S.A. de C.V.
Casualmente, las dos empresas a las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones en Conaliteg, por haber recibido contratos millonarios por adjudicaciones directas y, en donde se identificaron a familiares de Antonio Meza Estrada fueron, precisamente, Gráficas Corona JE, S.A. de C.V. y One to One Solutions, S.A. de C.V., cuyo representante legal es Lucía Azucena Estrada Hernández, también sobrina del entonces director general de Conaliteg. Ambas empresas también se habían encargado de la impresión de boletas electorales y, en muchos casos, ya habían sido señaladas por los organismos electorales locales, como el de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, entre otros, por incumplimiento en la entrega de papelería electoral.
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