Héctor De Mauleón
La historia de una persecución en la que no hay reparo en violentar las leyes
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La historia comienza el 16 de abril en la gasolinera del Parador Covadonga, ubicada en el poblado de Tres Marías. Ese día, Luis Alberto Ibarra Martínez, conocido como El Diablo, fue atacado a tiros mientras conducía un automóvil con reporte de robo.
El Diablo ha sido relacionado con una banda delictiva conocida como Los Netos, que dirige su primo hermano, Ernesto Ibarra Torres, El Neto, y que está dedicada a la tala clandestina, la extorsión, el asalto y el robo de autos en la carretera México-Cuernavaca.
El grupo, que en los últimos meses ha cobrado relevancia en los medios por la creciente repetición de asaltos, opera en los poblados de Hutzilac, Tres Marías, Fierro del Toro, Parres y las lagunas de Zempoala.
El día en que lo hirieron, El Diablo fue llevado en ambulancia al hospital general de Cuernavaca, en donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal lo interrogaron sobre las razones del ataque que había sufrido.
Según la fiscalía, mientras El Diablo estaba en el hospital se recibió una llamada anónima que lo relacionó con la desaparición y el asesinato de tres jóvenes trabajadores del Instituto Nación de Salud Pública que desaparecieron en la carretera federal luego de detenerse a comer en una fonda, y cuyos cuerpos fueron hallados en un paraje de la comunidad de Fierro del Toro.
El juez de primera instancia, Nataniel Subdias Aguilar, concedió órdenes para que dos domicilios mencionados por Ibarra Martínez fueran cateados en las calles de Iturbide y Ferrocarril, en Tres Marías.
Elementos de investigación encontraron ahí una cartera con una tarjeta departamental a nombre de uno de los jóvenes asesinados; encontraron también otras dos tarjetas, una departamental y otra bancaria, a nombre de Nohemí Guadalupe, una de las muchachas desaparecidas. Hallaron también una cadena metálica con un dije y una playera con manchas de sangre.
El juez especializado consideró que esos elementos eran suficientes y dictó una orden de aprehensión.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, el 24 de abril compareció en las instalaciones de ese organismo una hermana del detenido para denunciar que, a través de una llamada, le habían informado que El Diablo estaba siendo golpeado y torturado por personal de seguridad y custodia del Cereso de Morelos.
La CDHM pidió al Cereso una investigación y el certificado médico de ingreso al centro. El Cereso respondió que el detenido está con heridas en proceso de cicatrización, pero no entregó el certificado.
El Diablo fue dejado en libertad de pronto. La jueza de control Alejandra Trejo argumentó que la fiscalía no había aportado datos de prueba lícitos y suficientes para llevar a cabo la vinculación a proceso, y que hubo actos de tortura en contra del detenido.
Durante la audiencia de vinculación, El Diablo había hecho “señalamientos contra policías por presión o tortura”: se abrió una investigación, de acuerdo con el Protocolo de Estambul.
Según el titular del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa, las pruebas no demostraban la participación del inculpado en los hechos: “el historial violento del Diablo no necesariamente lo hace responsable de este triple homicidio, pues no se encontraron pruebas que demuestren su participación en este caso”.
Gamboa apuntó aceptó que hubo un feminicidio y un homicidio, “pero lo que no hay hasta el momento es esa vinculación entre los datos de prueba y la participación de él”. Desautorizó además la orden de cateo con el argumento de que El Diablo “ya estaba detenido, es decir, no estaba en el sitio revisado por la autoridad”.
Agregó: “Necesitamos saber cuál fue el aporte que hizo en el hecho y no solamente hablar de que se encontraron algunos objetos en un domicilio en donde él tiene una vinculación, pero ni siquiera estaba en esa ubicación”.
Tras su liberación, la hermana de El Diablo declaró que no sabía a dónde había ido. Al poco tiempo él mismo subió un video en el que mostró huellas de tortura en la espalda y con el que acusó al fiscal de Morelos Uriel Carmona de brindar protección y recibir dinero de un supuesto líder delictivo llamado “Erick Criminal”.
“Yo sabía que era su jefe, sé que le paga dinero, se llamaba Uriel. Ya en la audiencia viendo que él me acusa de matar a esos chavos, sé que es él Uriel Carmona, jefe de Erick Criminal. Si es intocable es porque su jefe le resuelve todos los problemas en la fiscalía”.
La fiscalía lanzó un comunicado como respuesta. Señaló que el video mostraba una “producción profesional” —“se utilizan encuadres de imagen profesionales”—, y señaló que El Diablo utilizaba “un lenguaje articulado, aparentemente siguiendo un guion preparado”.
Según la comisión de derechos humanos, en dicho video se aprecia que la vestimenta El Diablo coincide “con la de las Personas Privadas de la Libertad, lo cual genera sospecha de que la declaración vertida en ese video habría sido grabada en las instalaciones del Cereso o en alguna otra perteneciente a la Comisión Estatal de Seguridad”. Considerando el señalamiento de tortura realizado por la hermana del detenido, la CDHM consideró que dicha declaración “pudo ser obtenida bajo coacción”. Si esto es cierto, la Comisión estatal de seguridad sería un instrumento más del gobernador Cuauhtémoc Blanco en contra de su enemigo político, el fiscal de Morelos.
A partir de estos hechos se giró la orden de aprehensión por tortura en contra de Uriel Carmona. Aunque el Ministerio Público del fuero común se desistió más tarde de esta acusación, el juez encargado del caso se negó a decretar el sobreseimiento, permitió la intervención de fiscales federales aunque no se había dado aún la facultad de atracción y permitió incluso la presencia de marinos armados durante la última audiencia de Carmona: la historia delirante, en fin, de una
brutal persecución en la que no se ha tenido reparo en violentar las leyes y mantener en prisión a un enemigo político del régimen.
