*Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunciará este viernes 10 a los virtuales candidatos de su partido a las gubernaturas de nueve estados, cuya elección fue resultado de procesos en los que prevalecieron las pugnas internas y la tensión entre corrientes nacionales e intereses locales.
Ciudad de México (9 de noviembre). – La disputa entre morenistas por conseguir las candidaturas a los gobiernos en nueve entidades federativas con elecciones el próximo año, ha llegado a su clímax. Este viernes 10 el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, tiene programado dar a conocer a los elegidos por el método de encuestas o bien por ecuación de equidad de género.
La situación no es sencilla y el propio Mario Delgado admitió que el aplazamiento en los resultados, previstos originalmente para el 30 de octubre, tenía el propósito de conciliar con anticipación a quienes no resultarán favorecidos.
El método de encuesta, usado por Morena con éxito electoral pero detonante de inconformidades internas, esta vez entró en crisis. Hace tres semanas, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió que cinco de las nueve gobernaturas deberán recaer en mujeres, lo que ha significado un conflicto para el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador toda vez que en la mayoría de las entidades los mejor posicionados son hombres.
Además de la disposición de género, la militancia morenista se ha fragmentado en numerosos políticos que ven en Morena el barco hacia la victoria electoral, con 285 aspirantes que en su mayoría naufragaron el pasado 13 de octubre, cuando la dirigencia nacional redujo su lista a 54 nombres, que en estas semanas se acortó a sólo medio centenar de los cuales 22 corresponden mujeres. Aun así, una media de cinco aspirantes se disputa el abanderamiento en cada estado.
Entre los aspirantes destaca la presencia de siete expriistas y seis expanistas con posibilidades de triunfo. Además, hay dos que proceden de Movimiento Ciudadano, dos más del PES y al menos uno del Panal. Se trata de aquellos políticos que han dejado su vieja militancia en la búsqueda de continuidades a través del exitoso partido de López Obrador, a los que se suman los procedentes del PVEM, al menos cinco, que si bien navegaron con el PRI hasta 2018, hoy se asimilan a la llamada “Cuarta Transformación”.
Es en el origen donde se encuentran también los motivos de disputa y las posibilidades de fractura local, en especial de veteranos de los partidos de izquierda y los movimientos sociales que han sido excluidos una y otra vez en los procesos de las encuestas.
Y, naturalmente, está vigente la disputa entre las facciones morenistas.
El “Grupo Tabasco”
El grupo político con el que se identifica al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, opera en abierta disputa con otros intereses locales y nacionales, en los casos concretos de Tabasco, lugar de origen del presidente López Obrador, y Chiapas, su tan anunciado destino tras concluir su periodo presidencial.
El caso Tabasco es paradigmático del enfrentamiento faccioso: por un lado, López Hernández, aliado con el gobernador Carlos Javier Merino, impulsa a uno de sus hombres de confianza y veterano de la lucha por la gubernatura (ha sido tres veces candidato por el PRD), César Raúl Ojeda Zubieta; por el otro lado, el titular de Pemex, Octavio Romero, y Javier May, exdirector de Fonatur, construyen la candidatura de este último.
Tabasco de por sí ha sido problemático en su proceso interno, muy a pesar de que Yolanda Osuna, Mónica Fernández y Óscar Cantón fueron incluidos en la lista final que, sin embargo, dejó en el camino a otros políticos locales como el caso de Evaristo Hernández Cruz, exalcalde de Centro, que impugnó a imagen y semejanza de Marcelo Ebrard, la interna morenista.
Así, la disputa surge entre el círculo original que acompañó a López Obrador desde las tempranas luchas tabasqueñas de finales de los ochenta: Javier May y Octavio Romero contra Adán Augusto, cuyo cuñado es el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. En esta entidad el llamado “Grupo Tabasco” intenta impulsar al superdelegado que fue la mayor parte del sexenio, José Antonio Aguilar Castillejos, exhibido por el portal Latinus recibiendo efectivo de manos de David León, como en el pasado se evidenció a los hermanos Pío y Martín López Obrador.
Con la alcaldesa de Tapachula Rosa Irene Urbina y el exsecretario de Salud chiapaneco, José Manuel Cruz, este último cercano al gobernador Escandón, la disputa se ubica en una doble apuesta del velasquismo: por hombre, el presidente del Senado, Eduardo Sánchez; y por mujer, la senadora Sasil de León.
Procedentes del PVEM, en cuyas carreras alcanzaron cargos públicos y de representación popular en alianza con el PRI, como el propio Escandón, fueron destacados y sus carreras ascendentes durante el sexenio de Manuel Velasco. Se trata de un caso paradigmático de “saltibanquismo” que se observa en el Verde.
Ahí mismo en Chiapas se presenta otra aspirante con pasado contradictorio al discurso lopezobradorista, aunque ya asimilada a Morena: la banquera Patricia Armendáriz. Ella fue militante del PRI por décadas. Su presencia pública más destacada fue como asistente de Pedro Aspe Armella cuando éste fue secretario de Hacienda, es decir, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Luego pasó al PAN en 2009 y en 2021 se convirtió en diputada por Morena
La manzana de la discordia
La Ciudad de México, bastión lopezobradorista, es hoy una manzana de la discordia. Con el posicionamiento de Omar García Harfuch, titular de Seguridad con Claudia Sheinbaum, y Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa identificada con el lopezobradorismo, la división campea.
Aún más, con la presencia de Hugo López Gatell -el rostro de la pandemia en México y conocido por sus entusiastas zalamerías al presidente–, el morenismo ha concentrado sus divisiones en la capital del país, donde además se presenta la aspirante del PVEM, Mariana Boy, quien fue subsecretaria en el sexenio de Peña Nieto, y Miguel Torruco, cuñado de los hermanos Slim, e hijo del titular de Turismo del gabinete de López Obrador.
Acaso, el estado que posee otro gran polo económico, Jalisco, sostiene una disputa similar con la presencia de numerosos aspirantes identificados con diferentes facciones políticas, inclusive la del gobernador emecista Enrique Alfaro.
Dicha representación se da a través de Claudia Delgadillo, quien militó en el PRI de 2006 a 2018. Durante ese tiempo fue cercana colaboradora del político Aristóteles Sandoval, asesinado en diciembre de 2020. En 2018 dejó el PRI y se afilió al PVEM, partido que la convirtió en diputada federal en alianza con Morena.
En la carrera encarnizada por la postulación de Jalisco, repite Carlos Lomelí, el empresario que ha pasado por el PRD, MC y finalmente Morena al que se afilió en 2018, cuando contendió como candidato a gobernador. Convertido en superdelegado, dejó el cargo a mediados de 2019 en medio de señalamientos por presunto tráfico de influencias en la compra de medicamentos.
Ahí los lopezobradoristas de amplia trayectoria, como Cecilia Márquez, acusan desde ya la disparidad en el terreno de la contienda ante los intereses que se reflejan en los aspirantes con recursos abundantes. Es el caso de la profesora Clara Cárdenas, identificada con el grupo nacional territorial del poderoso Alejandro Peña; así como el de Toño Pérez, el legislador federal conocido principalmente por su hijo que es el piloto de Fórmula 1, Sergio “El Checo” Pérez.
Contiende también José María Martínez, quien fue militante del PAN de 1991 a 2018. Durante su desempeño dos veces como diputado local y luego como senador (2012-2018), fue polémico por sus posturas ultraconservadoras en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2018 se fue a Morena, partido por el que es diputado local y líder de la bancada guinda en el congreso de la entidad.
Igual de encarnizada es la disputa en Puebla, la entidad donde los enfrentamientos abundan desde 2019, con la llegada de Morena a la gubernatura, y mantienen enfrentados a grupos poderosos como el de Manuel Bartlett y el de Mario Delgado.
Por el lado de Bartlett, el emisario de sus intereses es su antiguo colaborador y actual líder de bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Juega también el sobrino del titular de la CFE, Rodrigo Abdala, quien fuera superdelegado en la entidad hasta que prácticamente el barbosismo superviviente lo echó del estado.
Por el lado de Delgado, el enviado es su aliado y operador, líder del Senado, Alejandro Armenta, expriista también, identificado con el grupo político local de Mario Marín y recientemente radical lopezobradorista. Junto con el aspirante veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, y con el líder de Morena, se les ha conocido en el partido como “la divina trinidad”, por disponer de sendas candidaturas en 2021.
Pero en la disputa en Puebla de esas dos grandes facciones de presencia nacional, los intereses locales se entremezclan: Olivia Salomón, viuda de Rafael Moreno Valle Sánchez, empresario deportivo en Puebla, es empresaria inmobiliaria sin más experiencia política que haber sido secretaria de Economía del estado durante el mandato del extinto Miguel Barbosa, quien antes de morir expresó su apoyo a la empresaria para las elecciones de 2024.
La antítesis del grupo de Olivia es Claudia Rivera Vivanco. Fue alcaldesa de Puebla por Morena, partido en el que milita desde su fundación. Sus desacuerdos con Barbosa fueron públicos y se le atribuyó al extinto gobernador una operación para que no consiguiera su reelección. Y está en la lista Lizeth Sánchez, militante del PT. Fue diputada federal por ese partido y desde 2018 secretaria del Bienestar en la entidad.
Pero hay más. El barbosismo intenta permanecer, ahora a través de Julio Huerta, sobrino del extinto Miguel Barbosa quien lo designó director de Gobierno durante su administración. A la muerte del gobernador, Julio fue designado secretario de Gobernación del estado y como tal responsable de la política interna hasta hace unos meses.
Publicado en Proceso.
