*La captura del R1, presunto autor intelectual de la muerte del alcalde de Uruapan, acerca el cierre de la investigación criminal más compleja que demostró el poder del crimen organizado.
PUBLICADO POR EL PAÍS MÉXICO
Hay detenciones que reabren heridas. La captura, este jueves, de Ramón Álvarez Ayala, alias El R1, líder de uno de los brazos armados del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, es una de ellas. Nueve meses después del cruento homicidio que exhibió el poder del crimen organizado en México y plasmó una escena que estremeció las festividades del Día de Muertos, el arresto acerca la justicia a la última pieza del rompecabezas criminal. Sin embargo, la pregunta que persigue toda la trama, sigue sin respuesta: ¿por qué ordenaron matar a Carlos Manzo?
El Gobierno anunció este jueves haber capturado en Atotonilco, Jalisco, en un gran operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch y fuerzas especiales del Ejército mexicano, al último eslabón del asesinato que cimbró al país. La fotografía trascendió las fronteras de México: un alcalde abatido en medio de una celebración popular, el 1 de noviembre, mientras decenas de personas corrían entre puestos, veladoras y disfraces del Día de Muertos.
El asesinato del presidente municipal de Uruapan no fue únicamente el homicidio de un político. Fue la demolición, en segundos, de la estrategia oficial. La política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y las estadísticas que mostraban un retroceso de la violencia quedaron en entredicho. Las imágenes mostraban algo mucho más poderoso que cualquier cifra a la baja: un alcalde ejecutado frente a su gente, pese a contar con un dispositivo de seguridad asignado por el Gobierno Federal.
Durante meses, la investigación fue reconstruyendo paso a paso el plan para asesinar a Manzo. Primero fue Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el adolescente de 17 años que disparó el arma y que fue abatido en el lugar, y luego dos de sus cómplices, Ramiro y Fernando Josué Leal, asesinados posteriormente para silenciarlos. Después, las autoridades dieron con los reclutadores. Más tarde fue detenido Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, el hombre que coordinó los movimientos desde un chat de WhatsApp. Luego, funcionarios acusados de filtrar información reservada. Taxistas. Operadores. Policías. Escoltas. Cada captura empujaba la investigación un escalón arriba dentro de la estructura criminal.
Las autoridades fueron uniendo la cadena del caso hasta dar con policías y funcionarios acusados de filtrar información privilegiada sobre los movimientos del alcalde al grupo delictivo. Pero faltaba el hombre al que llamaban “el patrón”. El R1 ha sido identificado como líder de Los Rs, “una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG”, ha dicho García Harfuch en una publicación de X en la que anunció el logro.
La captura tiene peso. Se trata de uno de los pocos casos en que el Gobierno consigue alcanzar la cúspide de la cadena de mando que, según las investigaciones, ordenó eliminar al alcalde que había convertido la confrontación al crimen organizado en el eje de su Administración. Las investigaciones han logrado responder quién disparó, quién reclutó, quién organizó, quién coordinó y, ahora, quién presuntamente ordenó el asesinato. Lo único que permanece sin esclarecer es el motivo. La respuesta importa porque Manzo no era un alcalde más. Después de romper con el partido gobernante, Morena, construyó un liderazgo independiente que rompía con las estructuras partidistas tradicionales de Michoacán.
Su confrontación pública con los grupos criminales, sus denuncias sobre extorsiones y la falta de control territorial del Estado lo convirtieron en una figura incómoda para el oficialismo y para el crimen organizado. También había acumulado tensiones con actores políticos. Por eso determinar quién se benefició de su muerte resulta hoy tan relevante como identificar quien dio la orden material.
La captura del R1 abre ahora una posibilidad de alcances imprevisibles. El Gobierno tiene bajo custodia a quien presuntamente ocupaba el nivel más alto dentro de la estructura criminal responsable del atentado. Si decide colaborar, podría responder la pregunta que nueve meses de investigaciones no han conseguido resolver. ¿Por qué mataron a Manzo? Esa es la exigencia que reapareció apenas se confirmó la detención
