Jojutla Mor. (7 de noviembre) Este jueves a las ‘7:25 horas la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, en coordinación con colectivos de búsqueda y de Derechos Humanos, inició la diligencia ministerial en el panteón Pedro Amaro de Jojutla.
Es así que se habrán de concluir los procesos desarrollados en el año 2022 en donde peritos en antropología y arquitectura realizarán el llenado de la zona excavada en ese año e iniciar las acciones para la apertura de la zona a trabajar en esta nueva etapa.
Las fases de la diligencia se consideran en trabajos de arqueología, inicio de la diligencia de exhumación y la conclusión de los trabajos y limpieza del lugar de intervención, considerándose un tiempo de labor de entre dos y cinco semanas de acuerdo al desarrollo de la diligencia ministerial.
En el área de trabajo considerada dentro de las instalaciones del Panteón Municipal, se establecen tres zonas en donde de acuerdo a cada una de ellas participarán distintas personas y observadores, desarrollando las acciones correspondientes en la llamada “Área Crítica” o de excavación, en donde intervendrán peritos en distintas disciplinas quienes realizarán acciones de observación, búsqueda, identificación, documentales y registros fotográficos, recolección y embalaje.
En los casos donde se realice la extracción de restos de personas, se trasladarán a una zona de trabajo en donde se utilizará la detección de metales, inspección de los restos, genética y análisis y clasificación de prendas de vestir, para el respectivo embalaje, tanto de los restos como de las prendas localizadas.
En el mes de septiembre de este año, La fiscalía general del Estado de Morelos, a través de la Coordinación General de Servicios Periciales, obtuvo la acreditación de las áreas de lofoscopia, balística, criminalística de campo, genética y química, por parte del organismo acreditador internacional ANAB, con lo que se certifica la operación de los mismos con estándares internacionales para la investigación.
En la diligencia intervienen autoridades de los tres órdenes de gobierno, colectivos de búsqueda y de Derechos Humanos, y la participación de un Notario Público, además del fortalecimiento de la seguridad para todos los participantes a través de despliegues internos y perimetrales a cargo de la Guardia nacional, Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal.
