Cuernavaca, Mor. (22 de junio). – El Partido Revolucionario Institucional en Morelos, no reconoce supuestos intentos de cobro de laudos fenecidos y acabados en su momento; derivado de un reclamo por parte de un supuesto trabajador, que no laboraba con el partido al momento de presentar la demanda, ya que era una relación civil de prestación de servicios, incluso política.
Aunque en diversos intentos y con diferentes argucias con el expediente NÚM: 01/832/18-IV en la Junta Especial nunero 04, promovido el 16 de noviembre del 2018 por José Luis Salinas se hace el reclamo de salarios devengados; cabe decir que desde el 15 de Mayo del 2019, fue negada esa pretensión del actor, que exige más de un millón de pesos como liquidación, y todo quedó asentado en el laudo concluido el 14 de junio del 2022, debido que como se dijo no había relación laboral alguna.
Sin embargo, con posterioridad, y probablemente con la ayuda de la autoridad laboral, el actor hace una “actualización” de salarios devengados y exigió ahora un millón 301 mil 530 pesos.
Para el Revolucionario Institucional en Morelos tanto el laudo y actualización es “irregular”, derivado a que el supuesto trabajador no comprobó fehacientemente en la demanda estar en funciones (trabajando) para el Partido Revolucionario Institucional, la Junta Especial, al emitir su laudo le conceden “salarios devengados” al actor, como si hubiera seguido laborando para el PRI Morelos, lo cual es falso.
Ante tales interpretaciones erróneas de la ley laboral, el PRI en Morelos, señala que la “Junta no realizó un estudio exhaustivo del expediente, ya que no se acredita, que el actor durante el juicio siguiera en funciones, es decir no existen pruebas que acrediten que siguiera colaborando con el PRI”.
Al margen de los señalamientos anteriores, derivado de la falaz diligencia, la parte actora señaló cuentas bancarias para embargo, y que de forma ágil y con eventos inexistentes la autoridad laboral concedió, pese a erróneos procedimientos de las notificaciones.
Ante lo cual, el PRI Morelos agotará las instancias legales para lo cual inició demandas penales contra quien resulte responsable, ante acciones fraudulentas de personas que buscan dañar el patrimonio del priismo morelense y los recursos públicos que recibe como institución política de la sociedad morelense.
