*Cometidos en su cargo como secretaria de administración del estado.
*Se habría otorgado un finiquito de cerca de medio millón de pesos.
Cuautla, Mor. (14 de mayo). – Sandra Anaya Villegas, candidata a diputada federal por el distrito I con sede en Cuernavaca por Morena, fue denunciada por presuntos actos de corrupción.
Esto se habría cometido en su cargo como secretaria de administración del estado -mismo al que pidió licencia sin goce de sueldo para contender por la diputación-, pues, abusando de su cargo se auto otorgó un finiquito laboral de cerca de medio millón de pesos, a pesar de haber ostentado el cargo únicamente por poco más de dos años y sin ninguna antigüedad en el servicio público
Es decir, este finiquito carece de cualquier fundamento jurídico y ético, ya que, no existió un despido injustificado ni la terminación de la relación laboral.
“Dicha servidora pública solicitó una licencia sin goce de sueldo por así convenir a sus intereses políticos, no obstante, de ello y violando los artículos 52 y 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como diversos de la Ley Estatal Anticorrupción, se hizo de recursos del erario público de forma notoriamente ilegal, cometiendo así un acto grave de corrupción en contra del pueblo de Morelos”, se lee en la denuncia.
Por lo anterior, se solicitó una investigación para que se determinen las responsabilidades en las que habría incurrido Sandra Anaya.
Esta denuncia se ingresó de forma anónima puesto que proviene de un grupo de trabajadores en activo, quienes argumentan, han sido humillados por Sandra Anaya Villegas, a quien califican como una persona “déspota y misógina que abusa de su poder”.
Además, señalaron, han sido citados bajo amenazas de ser despedidos si no acuden a “apoyar” su campaña que realiza en las colonias de Cuernavaca.
“Cabe destacar que sigue acudiendo por la tarde noche a las instalaciones de la Secretaría de Administración en Palacio de Gobierno aun estando en campaña a darle órdenes al supuesto encargado de despacho, lo cual se puede constatar a través de las cámaras de vigilancia del propio edificio de gobierno, lo que implica un uso indebido y desvío de recursos públicos”, informaron los denunciantes.