Morelos. (7 de enero). – La extorsión telefónica, en particular la que se origina desde los centros penitenciarios, sigue siendo uno de los delitos que más afecta a la población. Aunque desde hace más de una década la ley obliga a bloquear las señales de telefonía en los Ceresos y Ceferesos, la falta de aplicación efectiva y prácticas de autogobierno impidieron frenar este fenómeno.
Con la nueva estrategia nacional contra la extorsión y la entrada en vigor de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar este delito, el gobierno federal busca revertir esa tendencia. Entre los compromisos anunciados destaca el bloqueo total de señal en los 14 reclusorios federales y en los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México durante el primer trimestre del año, una medida que deberá replicarse en las entidades federativas.
Las cifras dan cuenta de la magnitud del problema: solo entre julio y noviembre de 2025, la línea 089 recibió más de 102 mil llamadas relacionadas con extorsión, la mayoría por intentos no consumados, lo que refleja tanto la persistencia del delito como la importancia de mantener canales de denuncia funcionales.
En el caso de Morelos, el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia, ha reconocido que los inhibidores de señal instalados en los centros penitenciarios ya no son eficaces frente a la tecnología de los nuevos teléfonos celulares. Por ello, adelantó que próximamente se instalarán equipos de rayos X en las cárceles del estado, con el objetivo de impedir el ingreso de celulares y otros dispositivos de comunicación.
Especialistas y organismos como la CNDH han advertido que el bloqueo de señales es indispensable, pero insuficiente si no se acompaña de una transformación profunda en la administración penitenciaria.
