*El gobierno de Claudia Sheinbaum sigue negando que Teuchitlán haya sido campo de exterminio
CIUDAD DE MÉXICO. – El gobierno federal confirmó la manera en que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaba y asesinaba en el narco rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.
José Gregorio Lastra Hermida, «El Lastra», presunto responsable del campo de adiestramiento del CJNG, confirmó que en el Rancho Izaguirre se golpeaba, torturaba y asesinaba a quienes se resistían a formar parte de ese grupo delictivo.
El secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, reveló que, el también llamado «comandante Lastra», admitió que se cometían homicidios contra quienes se resistían a convertirse en sicarios del cártel.
«De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar», manifestó.
Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta se ha negado sistemáticamente a reconocer que el rancho Izaguirre era un campo de exterminio.
La presidenta afirmó que su Gobierno no ocultará la verdad y se pronunció por castigar no solo a los integrantes del CJNG, sino también a las autoridades involucradas.
En la mañanera, el titular de la SSPC dio cuenta, con base en el testimonio de «El Lastra», la manera en que este reclutador operaba bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias «El Sapo», uno de los líderes del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
Según relató, este operador ofrecía falsas oportunidades laborales, a través de redes sociales, para luego adiestrar a integrantes de la agrupación y enviarlos a otros estados del País para «aumentar el estado de fuerza» del CJNG.
El funcionario dio a conocer que, en enero de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de las autoridades a 37 personas relacionadas con el caso y sostuvo que tienen identificadas a 120 más.
Pese a que en esa ocasión participó la guardia nacional el rancho nunca fue asegurado por autoridades federales, quienes ahora pretenden cargar con toda a responsabilidad a la fiscalía y a gobierno de Jalisco.
