*Eliasib Polanco y José Luis Villegas entre ellos
Luis Roberto Rodríguez
Cuernavaca, Mor. (1 de marzo). – En más de siete años, Uriel Carmona Gándara construyó un nido de corrupción al interior de la fiscalía general de Justicia de Morelos, al grado de incrustar en la nómina a diputados locales, magistrados, ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez y hasta asistentes de legisladores locales.
Por medio de prestanombres, distribuyó grandes cantidades de dinero a diputados de por lo menos dos legislaturas del Congreso del Estado de Morelos, con la finalidad de evitar su destitución durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, hecho que logró ya que el ex mandatario nunca logró removerlo del cargo.
Con documentos y pruebas en manos de su servidor, podemos asegurar que la lista de “aviadores políticos” es amplia, muchos de ellos cobraban sueldos bien remunerados sin trabajar, mismo que entregaban a los entonces diputados o sus jefes que los habían incluido en la lista.
Aquí te presento parte de los beneficiados en la nómina de la fiscalía general del Estado de Morelos durante la gestión de Uriel Carmona:
El ex diputado local del PRI, Eliasib Polanco, se desempeñaba como Asesor de la Coordinación General de Administración de la Fiscalía Estatal, con un sueldo de $30 mil pesos mensuales desde marzo del 2022, es decir, laboraba como legislador y como funcionario.
También, el suplente del mismo ex diputado Polanco, Álvaro Luis Vázquez, tenía un salario de $45 mil pesos mensuales en la Coordinación General de asesores de la fiscalía estatal.
José Emilio Díaz Roca, hermano de la ex diputada del PRD, Naida Josefina Diaz Roca, se desempeñaba como “Profesionista” en la Coordinación General de Administración de la FGE con un sueldo de $30 mil pesos mensuales.
El actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, José Anuar Cianci Pérez, se encontraba en nómina desde el año 2020, con un sueldo mensual de más de cien mil pesos, uno de los más altos de esta lista.
También jefe de seguridad del Poder Judicial del Estado de Morelos y cuñado de su titular, Jorge Gamboa Olea, se benefició con un sueldo mensual de $37 mil pesos desde el año 2020 en la Coordinación General de Administración de la FGEM.
El ex Consejero Estatal Electoral, acusado en 1998 de robo calificado y asociación delictuosa, Jesús Saúl Meza Tello, fue dado de alta en la nómina de la fiscalía desde 2019 con un sueldo de más de $87 mil pesos mensuales.
Otro ex Consejero Estatal Electoral aparece entre los que cobraban sin trabajar, se trata de Mauricio Alain Orihuela Flores, con una percepción de $50 mil pesos mensuales como asesor de la Fiscalía Anticorrupción.
Sandra Patricia Ibarra Soto, Coordinadora del CECyTE de Morelos entre 2019 y 2020, al mismo tiempo se desempeñaba como asesora de la Coordinación Jurídica de la Fiscalía con un sueldo de $38 mil pesos mensuales.
José Luis Villegas Aquinio, ex delegado del ISSSTE en la entidad, ex consejero y ex candidato al municipio de Cuautla en 2018 por el PRI, contaba con un sueldo de $45 mil pesos mensuales en la Coordinación Jurídica de la FGEM desde 2023.
Emereciana Rodríguez Alcocer, ex asistente en la Coordinación de Asesores del Ayuntamiento de Cuernavaca en 2014 y ex secretaria del PRD en 2024, estaba dada de alta en el Instituto de Procuración de Justicia de la FGEM, con un sueldo de $45 mil pesos mensuales.
Guadalupe Barrera Castro, afiliada al Partido Humanista en Morelos, se desempeñaba también en el Instituto de Procuración de Justicia de la FGEM con un salario de $45 mil pesos mensuales.
Shirley Fabiola Mendiola, ex titular de la Procuraduría de Niños y Adolescentes en el Ayuntamiento de Tetecala del 2019 al 2021, estaba dada de alta en la Coordinación General de Órganos Auxiliares de la FGEM con un sueldo mensual de $90 mil pesos desde el año 2023.
El ex fiscal Uriel Carmona, destituido hace unas semanas por los diputados de la nueva legislatura, no sólo disfrutó y repartió los más de $1,300 millones de pesos del Presupuesto de fiscalía general del Estado de Morelos, también llevó a cabo obras y contrató servicios para la institución, sin licitar de manera pública, entregando los contratos a políticos y empresas fantasma.
