Mexicanos que habitan en Estados Unidos han decidido eliminar sus redes sociales de forma momentánea para evitar ser rastreados por las autoridades norteamericanas.
Llegaron a Estados Unidos con un solo propósito: ganar dólares para acceder a un mejor estilo de vida. Otros pisaron suelo americano en busca de una segunda oportunidad o, en el peor de los casos, escapando de la violencia y la pobreza.
Se trata de millones de mexicanos que se han instalado en este país. Todos ellos forman parte de una pieza fundamental de la economía de Estados Unidos y que, ante la embestida del presidente Donald Trump, han tomado medidas drásticas en sus empleos y con sus familias.
Cifras oficiales del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, revelan que son más de 11 millones 193 mil mexicanos los que viven en Estados Unidos.
De este universo, estudios elaborados por el Pew Research Center y el Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de California en Los Ángeles estiman que poco más de cuatro millones de personas de origen mexicano viven sin documentos en esta región.
yes que, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la crisis migratoria podría agravarse aún más. El mandatario estadounidense hizo de la contención del flujo migratorio, vigente desde hace décadas, una de las principales banderas de su gestión, comprometiéndose además a implementar un plan de deportación masiva.
Mexicanos consultados por Reporte Índigo temen que sean deportados en los próximos meses ante la cacería que iniciarán las autoridades estadounidenses.
De inicio, la atención está puesta en las llamadas “ciudades santuario”, que albergan a millones de extranjeros asentados en estos lugares. Entre ellos predomina la población mexicana con un estatus migratorio irregular y que busca por todos los medios regularizar su situación.
En entrevistas por separado, mexicanos residentes de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Antonio confirmaron que, tras conocer las órdenes ejecutivas del nuevo gobierno de Estados Unidos, han tomado medidas drásticas.
Algunos han optado por eliminar sus redes sociales y cualquier rastro en aplicaciones que puedan ser utilizadas para localizarlas. Tal es el caso de Ricardo Jiménez, quien solicitó cambiar su nombre debido a la situación actual.
Él, al igual que sus hermanos, arribaron a Chicago procedentes de Morelos hace cinco años en busca de una oportunidad laboral y un mejor estilo de vida. Hace 24 meses consiguió ingresar a un restaurante como mesero.
Y, a pesar de haber intentado regularizar su situación migratoria, aún no ha podido obtener documentos legales. Por ello, sostiene que, entre la oleada de rumores, noticias e incluso fake news que ha recibido en estos días, tomó la decisión de borrar su historial en redes sociales.
“Tengo fotos de los lugares que frecuento regularmente: donde trabajo, donde hago compras e incluso donde suelo divertirme. Por ello, decidí cancelar mis redes sociales, como Facebook e Instagram, mientras me informo bien sobre lo que está sucediendo”, precisó.
Sofía X llegó hace apenas unos meses a Nueva York como indocumentada. Tras perder su empleo en la Ciudad de México, viajó a esta ciudad en busca de un nuevo comienzo y un mejor salario.
Aquí logró ganar cuatro veces lo que percibía como diseñadora gráfica y, aunque todo marcha bien, asegura que ha tenido problemas en varias ocasiones con las autoridades por diversas razones.
Compartió a este diario que esta semana fue notificada, al igual que otros compañeros, que deberá presentar los permisos de trabajo correspondientes o, de lo contrario, tendrá que renunciar.
“Es posible que presente mi renuncia porque no tengo manera de obtener los papeles en este momento. Hay temor entre varios compañeros, tanto mexicanos como centroamericanos, porque recién llegamos y apenas nos estamos estabilizando”, explicó.
Actualmente, de los más de 11 millones de mexicanos nacidos en México que residen en Estados Unidos, solo cuatro millones se encuentran en situación irregular. De estos cuatro millones, 2.4 millones están en riesgo de deportación inmediata.
