*Lo catafixió por la contratación de 100 ministeriales
*Aquí el comunicado de prensa
La fiscalía general del Estado de Morelos informa que la Institución del Ministerio Público ha expuesto durante la presente administración distintos, proyectos para hacer eficiente la labor en favor de la sociedad de Morelos en materia de procuración de justicia, es así que se ha visualizado la oportunidad de fortalecer las acciones operativas a través de la adquisición o arrendamiento de una aeronave de ala rotativa, tal y como fue expuesto en su momento ante el pleno del H. Congreso del Estado.
El 29 de diciembre del año 2022, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en su número 6155, fue publicada la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal aplicable durante el año 2023, el cual contempla la asignación del presupuesto para la Fiscalía General del Estado de Morelos por un monto de un mil 82 millones, 455 mil 143 pesos; compuesto por recursos federales, estatales, fiscales y de aportaciones federales del Ramo 33 relativos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Dicho presupuesto no contempla de manera etiquetada recursos para la adquisición de la referida aeronave, y en ese sentido, al priorizar la operatividad y fortalecimiento institucional, se han aplicado los recursos asignados al organismo constitucionalmente autónomo para la contratación de 100 elementos para la Agencia de Investigación Criminal (AIC) egresados de la 1ª generación de reclutamiento, y durante este 2024 se cuenta con la formación de agentes investigadores y del Ministerio Público en lo que corresponde a la 2ª Generación.
A la par de lo anterior, se continúan con los trabajos de fortalecimiento de la infraestructura con que cuenta la Institución, como la remodelación de las instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Cuernavaca donde se operará el Instituto de Procuración de Justicia, así como la Agencia del Ministerio Público de la Zona Metropolitana, la construcción de las instalaciones del archivo general y de Bienes Asegurados, entre otras obras en proceso, sin que con ello se cancele el proyecto para la obtención de tecnología aérea para el impulso de la estrategia de combate a la delincuencia.
Por otra parte, se han vertido opiniones sobre la falta de aplicación de recursos económicos para cubrir jubilaciones y/o pensiones, y en este sentido es fundamental aclarar que las partidas relativas a sueldos, salarios, jubilaciones o pensiones, se encuentran etiquetados y no pueden ser utilizados para gasto corriente ni en otro rubro distinto, por lo que las afirmaciones sobre el particular carecen de todo sentido.
En el caso de las tres personas que se han manifestado por la supuesta omisión, debe aclararse que la Fiscalía General del Estado se encuentra atenta a la emisión por parte del Congreso del Estado de Morelos, del decreto final donde se establezcan los montos a cubrir por cada uno de los casos, lo anterior, derivado de que la Suprema Corte de Justicia de la nación invalidó los decretos inicialmente aprobados por la legislatura al existir discrepancias entre la antigüedad comprobada y el porcentaje de jubilación autorizado, no obstante lo anterior, y a fin de no vulnerar el derecho adquirido, así como disposiciones de orden público y de interés social, desde el mes de diciembre de 2022 se le han cubierto a uno de los ex trabajadores hasta la fecha, el monto mensual de dicha pensión en el que se incluye la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia de su menor hijo, hasta en tanto no se emita el nuevo decreto.
En otros casos, se ha controvertido la relación laboral entre la institución autónoma a partir del mes de febrero del año 2018, y las pensiones solicitadas por antigüedad anterior a dicha autonomía por algunas de las personas, determinándose por el órgano colegiado la no existencia de dicha relación laboral, la cual quedó establecido que no corresponde a este órgano.
La fiscalía general del Estado de Morelos ha mantenido una administración con finanzas sanas, y con estricto apego y observancia de las normas establecidas y políticas públicas establecidas tanto en el ámbito estatal como federal.
