Con modificaciones al artículo segundo transitorio y la adición de un cuarto, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma a los artículos 116 y 127 constitucionales para que ningún funcionario público, incluidos los de los organismos autónomos, gane más que el Presidente.

Las modificaciones al dictamen avaladas por el Pleno fueron las presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano.

La primera, del panista José Elías Lixa, corrige el artículo segundo transitorio, el cual establece que el ajuste salarial se realizará en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del decreto.

El cambio agrega un párrafo que señala que esto será posible “siempre que se haya dada cumplimiento a la sentencia del 20 de mayo emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, la cual obliga a la Cámara de Diputados a establecer los criterios a partir de los cuales será determinado el tope salarial”.

La reforma, que busca corregir las lagunas que permitieron a algunos servidores ampararse para evitar dicha disposición, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Dijo que fijar el salario del Presidente no es facultad de éste, sino de la Cámara de Diputados.

La Oposición en San Lázaro acusó al Mandatario Andrés Manuel López Obrador de imponer de manera unilateral el tope salarial a funcionarios.

“Si renunciamos a esta facultad, estaríamos violando la Constitución, porque entonces dos poderes se unirían en una sola persona: el Presidente”, reprochó.

Marcos Aguilar, del PAN, advirtió que la reforma tiene como objetivo que se sometan y subordinen quienes no están de acuerdo con los planteamientos del actual Gobierno.

Sostuvo que la reforma reproduce una práctica que la sociedad le ha reclamado a los legisladores: la autoasignación de la remuneración.