Advierten impunidad de casi 100% en homicidios de activistas

Cd. de México (22 octubre 2021). – Aunque en México se denuncie un delito lo más seguro es que no pase nada. En 31 de las 32 entidades federativas del país más del 90% de los ilícitos por los cuales sí se abrió una carpeta de investigación quedan en la total impunidad, sin reparación del daño ni castigo para los responsables. 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, alertó que la “enorme impunidad” en los homicidios cometidos contra activistas y periodistas es de casi el 100 por ciento.

Durante la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de Morelos, el funcionario indicó que la impunidad en el caso de los asesinatos de activistas es de 99 por ciento, y de 94 por ciento en el caso de los homicidios de periodistas.

“(Hay que) abatir la enorme impunidad que tenemos a la comisión de estos delitos; entre el 80 y 90 por ciento de las agresiones y la violencia que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos quedan en la impunidad”, señaló.

“Cuando vemos este porcentaje en los homicidios cometidos es todavía mayor; 99 por ciento de impunidad en los homicidios cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, 94 por ciento de impunidad en los homicidios cometidos contra personas dedicadas al periodismo”.

Encinas subrayó que no puede continuar esta situación, por lo que hizo un llamado “firme” a las Fiscalías estatales y al Poder Judicial para castigar a los responsables de dichos ilícitos.

“Porque podemos seguir enviando estos mensajes de impunidad que en nada ayudan a abatir estos niveles de violencia; hay que castigar sin ninguna limitación y restricción a quienes cometen este tipo de agravios y de violaciones a los derechos humanos en el Estado”, urgió.

La Segob suscribió con Morelos un convenio de coordinación y cooperación para la implementación del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la entidad.

Encinas indicó que este instrumento permitirá articular en Morelos los esfuerzos del Estado mexicano en su conjunto para encarar uno de los problemas más graves en materia de derechos humanos.

“Lamentablemente, el escenario de violencia que se ha presentado en la última década un poco más de una década en nuestro País, ha puesto en riesgo a un número muy significativo de personas vinculadas al periodismo y a personas defensoras de derechos humanos”, advirtió.

“Y esa es una de las prioridades que el Presidente de la República nos ha mandado atender, porque qué más importante puede haber que dar las garantías a todas las personas no solamente que ejercen el periodismo, (sino) defienden los derechos humanos”.

En el caso de Morelos, puntualizó Encinas, en los últimos tres años se ha observado un importante nivel de agresiones a defensores y periodistas, particularmente cometidas por autoridades municipales.

Abundó que de diciembre de 2018 a la fecha se ha registrado el homicidio de cuatro personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas.

“Lo cual nosotros no podemos admitir, y es necesario que esté mecanismo, que tiene un soporte en la ley local, es de los pocos estados en el País que tiene una legislación en materia de defensa y protección (…) podamos haces acciones muy puntuales”, añadió.

“Para no solamente atender la situación de riesgo que tenemos identificada con quienes han sufrido algún tipo de agresión, sino que tomemos medidas preventivas para, en primer lugar, atender antes de que se presente la situación de violencia, la situación que enfrentan estos dos sectores de la población”.

El subsecretario subrayó que en muchas ocasiones también existe desprecio de las propias autoridades a la labor periodística y defensa de los derechos humanos.

“Tenemos que construir una nueva cultura que permita reconocer la importancia de estas actividades en el fortalecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad, y tenemos que encarar con mucha firmeza las agresiones y la violencia que se presentan abatiendo la impunidad”.

“(Es necesario) que puedan ejercer con libertad todas las mexicanas y los mexicanos sus derechos a la manifestación política, sin estigmatización, al acceso a la información y a tener una vida libre de violencia y condiciones dignas de subsistencia”.

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