Cuernavaca Mor., a 7 de Noviembre del 2019

La que suscribe DIP. BLANCA NIEVES SÁNCHEZ ARANO, en mi carácter de integrante de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, y como Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza en el Estado de Morelos, ante ustedes me permito exponer lo siguiente:

“CUANDO LA ARBITRARIEDAD Y LA ILEGALIDAD, SE ATREVEN A LEVANTAR LA CABEZA CON INSOLENCIA E IMPUDICIA, ES SIEMPRE UN SIGNO SEGURO DE QUE LOS LLAMADOS A DEFENDER LA LEY NO HAN CUMPLIDO CON SU DEBER.”  (RUDOLF VON JHERING)

El día de hoy, una vez más, constatamos que un grupo mayoritario de Diputadas y Diputados que integran este Poder Legislativo, en el afán de lograr alcanzar sus intereses mezquinos, sobrepasan lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como la Ley Orgánica y su Reglamento, ambos aplicables al Congreso del Estado de Morelos.

No debemos dejar pasar desadvertido, el hecho de que el Poder Legislativo, debe ser el principal garante del estricto apego y cumplimiento de las Leyes y normatividad que de éste mismo poder emanan.

Al respecto, es de vital importancia entrar en el estudio, análisis y reflexión en torno a la acción de disfrazar el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes del pleno, equiparándolo a 13 votos; en virtud de que asimilan que el hecho de aplicar la fórmula matemática que arroja como resultado que la tercera parte de 20, es 13.33, y utilizando la lógica de redondeo se reduce a 13 votos.

Esto desde luego es un razonamiento ilógico, falto de fundamento legal, y totalmente alejado de todos los principios que rigen el derecho legislativo y parlamentario, como a continuación se precisa:

Primero. – Recordemos que el término de derecho parlamentario en México, alude más al proceso legislativo que a las funciones y facultades del Congreso; pues si bien, la función legiferante es típica de los congresos mexicanos, el derecho legislativo no sólo analiza la actividad del Congreso en esta materia, sino los demás actores del proceso legislativo que son los poderes ejecutivos en los distintos niveles del Estado federal. Su diferencia con el derecho parlamentario radica en que éste se concentra en todas las competencias del Congreso como tal, entre las cuales destacan las facultades políticas, de nombramiento, de aprobación y supervisión financiera del Estado, y otras distintas de la materia exclusivamente legislativa.

El concepto de derecho legislativo está incluido en el más genérico y omnicomprensivo de derecho parlamentario; el primero se concentra en la organización de los parlamentos como legisladores, mientras que el segundo, además de esta dimensión tradicional y técnica, estudia a los parlamentos en sus interrelaciones con los demás órganos de gobierno y organizaciones sociales, así como en su estructura política con la determinante de los partidos y organizaciones políticos que los forman.

Bien partiendo entonces del concepto de derecho parlamentario, es dable entrar en el análisis de la integración del Poder Legislativo, específicamente de la Cámara de Diputados, estableciéndose en el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales; entendiéndose entonces conformada por un total de 500 diputadas y diputados.

Segundo.- Tomando como referencia la integración de la Cámara de Diputados, y explorando la manera en que numéricamente se traduce la cantidad de diputadas y diputados que representan una mayoría calificada, nos remitimos al Sistema de Información Legislativa, medio por el cual el Gobierno de la República fomenta la transparencia de la información gubernamental y promueve en la ciudadanía el interés por los asuntos legislativos; y en este encontramos la definición de “Mayoría Calificada” la cual refiere que: “En el Congreso mexicano ésta corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguna de las Cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación. Considerando que la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría calificada –o un número menor, según el total de asistentes a la sesión.

Esto es que, si aplicáramos la misma fórmula aritmética que aquí se pretende implementar, tendríamos que las dos terceras partes de 500 resulta la cantidad de 333.33; luego entonces, es inadmisible que aquí se pretenda tomar una determinación que atenta contra todo principio de máxima representatividad, transparencia y apego a la legalidad.

Tercero.- A fin de fortalecer lo antes referido, sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1652, cuyo texto y rubro dicen:

VETO. PARA SUPERAR EL QUE EJERCIÓ EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DEBE INTERPRETARSE QUE SE REQUIERE LA VOTACIÓN CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS PRESENTES AL VOTARSE EL DICTAMEN RESPECTIVO.

El artículo 35, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro establece que cuando el Poder Ejecutivo vete un proyecto de ley, decreto o acuerdo, lo devolverá con sus observaciones a la Legislatura, para que se someta nuevamente al procedimiento legislativo, requiriéndose para su aprobación el voto de las dos terceras partes de sus miembros, ———————–lo que de acontecer obligará al Poder Ejecutivo a su promulgación y publicación; sin embargo, el texto no aclara si la votación calificada es respecto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura o de los miembros presentes al momento de la votación, debiéndose interpretar que esa votación calificada se refiere lógicamente a este segundo supuesto, ya que de lo contrario podría provocarse que en la sesión en que se discutiera el dictamen relativo, resultara imposible obtener la votación calificada para superarlo, aun cuando en dicha sesión estuviera presente el número de diputados requerido para que legalmente tenga validez. Lo anterior es así, porque el artículo 25 de la Constitución del Estado establece que la Legislatura se integra por quince diputados electos según el principio de mayoría relativa y por diez diputados electos conforme al principio de representación proporcional, y el artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad señala que el quórum requerido para la validez de sus sesiones plenarias es de la mayoría de sus integrantes, es decir de trece. Así, de interpretarse que la votación calificada requerida para superar el veto del Gobernador es de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura, esto es, de diecisiete diputados, bastaría que en la sesión en que se discuta el dictamen relativo a ese veto estuvieran ausentes nueve diputados para que, no obstante existir el quórum de trece diputados y tres más, resultara imposible superarlo, lo que iría en contra del sistema previsto conforme al cual la existencia de quórum presupone la posibilidad de que actúe con plenitud el cuerpo legislativo, pues de pretenderse lo contrario se habría previsto un quórum especial.

De lo anterior, es de interpretarse que de los 25 Diputados que integran el Congreso del Estado de Querétaro, las dos terceras partes equivalen a diecisiete diputados.

Al respecto, y en otro claro ejemplo dictado mediante una Jurisprudencia que es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos judiciales y que pueden repercutir en sentencias posteriores; nos ilustra que en el caso que nos ocupa, el número de votos debe apegarse a una multipluralidad o máxima representatividad política.

En conclusión, es de advertirles a todas y todos los integrantes de este Honorable Congreso del Estado, que el hecho de ignorar las jurisprudencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido para el caso —————-que hoy nos ocupa, así como también desconocer el sistema “democrático y representativo” con el que se toman las decisiones y se emiten leyes al interior de la Cámara de Diputados, tratando de adoptar medidas a modo para alcanzar ciertos intereses de grupo, violentando la EQUIVALENCIA REAL Y DEMOCRÁTICA de las dos terceras partes para designar, O MEJOR DICHO IMPONER, a la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno, así como de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con tan solo 13 votos que no representan las dos terceras partes como se ha fundado y motivado; constituyéndose así, “ACTOS ARBITRARIOS DE PLENA ILEGALIDAD”, que actualizan las hipótesis de la comisión de causas graves, que son susceptibles de la aplicación de sanciones que pondrían en riesgo la legitimación y estabilidad de este Congreso. Asimismo, solicito que dé fe de todo lo aquí actuado ante el Notario Público que se encuentra presente en este pleno desde el inicio de la sesión.

Por su atención, muchas gracias.

Dip. Blanca Nieves Sánchez Arano

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura

del H. Congreso del Estado de Morelos