Martín Pérez

 *Ante el fracaso en elecciones y malos manejos, urge intervención del Consejo Político Estatal en el PRI

 Ante la serie de irregularidades que se han suscitado al interior del Partido Revolucionario Institucional en Morelos, urge que sea convocado a una sesión urgente y extraordinaria el Consejo Político Estatal.

La situación lo amerita, luego del fracaso en las elecciones pasadas; la remoción que hicieran de Alberto Martínez González de la Presidencia del Comité Directivo Estatal; y, el nombramiento al margen de lo establecido en los Estatutos de Antonio Lugo Morales como encargado de despacho de la Presidencia del CDE en sustitución de Alberto Martínez.

Además, deberían de aprovechar esa sesión del Consejo Político Estatal para llamar a cuentas al ex dirigente estatal, Rodolfo Becerril Straffon, y al ex secretario de Administración y Finanzas, Alfonso Martínez, quienes durante casi cuatro años omitieron presentar ante el Consejo Político Estatal –porque argumentaban que no existía–  los estados financieros de su gestión e informe del proceso electoral del 2015. Además, hay unas multas que sigue pagando el partido, que le fueron aplicadas durante la gestión de Rodolfo Becerril y que bien pudieron ser atendidas en el origen del procedimiento y no se hizo. Legalmente, se puede citar a estos actores políticos, dado que uno como persona tiene la obligación de responder hasta después de cinco años de haber dejado el cargo por la labor desempeñada.

Al enviar mi columna anterior por el WhatsApp, una persona me contestó que como era proceso electoral no se debía reunir el Consejo Político Estatal, pero esto sólo evidencia su falta de conocimiento en los Estatutos, porque en este documento básico del partido no establece esa situación y claro que no hay ningún impedimento legal para que sea convocado este órgano partidista.

Hay que recordar, que precisamente fue Alberto Martínez González que restableció el Consejo Político Estatal durante una reunión celebrada en el hotel Puerta Paraíso de Cuernavaca, a donde tomaron posesión sus integrantes por un periodo de tres años.

Para ilustrar a las personas que no son militantes y a los que son militantes priistas, retomó lo establecido en los Estatutos (va textual):

“Artículo 119. Son atribuciones de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal:”

“I. Conocer y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades del Comité Directivo correspondiente, el que incluirá un apartado sobre el origen y aplicación de los recursos financieros del Partido;”

Así que deben ser llamados a comparecer ante el Consejo Político Estatal, Alberto Martínez González y Antonio Lugo Morales, además de Rodolfo Becerril Straffon, a fin de que regrese a la legalidad este instituto político.

Un apartado especial, debe ser lo relacionado al proceso de entrega–recepción que legalmente se debió dar entre Alberto Martínez y Antonio Lugo.

Los informes que rendirán deberán ser analizados en las Comisiones Política Permanente, de Presupuesto y Fiscalización y la de Financiamiento.

Seguramente, los que deciden al interior del partido tricolor dejarán pasar los meses y si se pueden años para que se enfríen las cosas, antes de convocar a una sesión del Consejo Político Estatal pues en estos momentos la gente está muy molesta, pero cada momento que se pierde ya no se recupera y si dejan pasar más tiempo, lo más seguro es que les vaya peor en el proceso electoral que sigue.

Y ante tantas irregularidades en el PRI Morelos, qué papel han jugado en esto el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

El fracaso en las elecciones pasadas, no es producto sólo de la ola de Morena, sino también de los errores internos del PRI, porque nunca en la historia estatal el candidato a la gubernatura había quedado en cuarto lugar, tampoco habían perdido la totalidad de los distritos locales y federales en juego, la Senaduría, y fueron escasas las presidencias municipales que ganaron.

Es en el seno del Consejo Político Estatal donde se debe realizar una reflexión a fondo de lo qué pasó en realidad, para elaborar un diagnóstico real y que esto sirva de base para emprender un nuevo camino, pues de lo contrario los priistas estarán condenados al proceso de extinción en la entidad.

No es en reuniones con algunos de los presidentes de Comités Municipales, el ex candidato a la gubernatura y algunos integrantes del Comité Directivo Estatal como se puede lograr un diagnóstico sobre lo acontecido.

El PRI requiere regresar a la legalidad y retomar el rumbo, porque a partir del próximo año será un instituto con escaso presupuesto, dados los resultados de la votación de sus candidatos a diputados locales.

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